El Principio de Mínimo Privilegio se consolida como eje de la ciberseguridad empresarial en un entorno digital donde los accesos no controlados son un riesgo latente.
Accesos limitados, empresas más seguras
En un mundo empresarial dominado por la digitalización y expuesto a ciberamenazas constantes, una práctica técnica se posiciona como pilar estratégico: el Principio de Mínimo Privilegio, también conocido como Least Privilege. Esta política de seguridad se basa en otorgar a cada usuario, cuenta o proceso sólo los permisos indispensables para cumplir su función.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), aplicar este principio ayuda a reducir errores humanos, limitar los daños por ciberataques y prevenir accesos indebidos a información crítica. En otras palabras: entre menos permisos, menos oportunidades de riesgo.
Una de las principales preocupaciones hoy es la proliferación de cuentas privilegiadas —tanto humanas como automatizadas— con capacidad para modificar configuraciones, instalar software o acceder a datos sensibles. Según Ramón Salas, Territory Manager para LATAM de BeyondTrust, “el aumento de identidades no humanas y los entornos en la nube han multiplicado los puntos de acceso potencialmente peligrosos”.
En sistemas como Unix, Linux o Windows, los accesos tipo root o administrador deben ser gestionados con extremo cuidado. Esto también aplica a consolas administrativas en la nube, donde unas pocas acciones pueden reconfigurar por completo un entorno corporativo.
Además de ser una medida técnica, el Principio de Mínimo Privilegio es también una decisión de negocio. Forma parte fundamental del enfoque Zero Trust, que parte del supuesto de que ningún usuario o sistema es confiable por defecto.
“Hoy, esta conversación no sólo involucra a los equipos de TI, sino que debe estar en los comités de riesgo y en los consejos directivos. Es un tema de reputación empresarial”, enfatiza Salas.
Adoptar esta política implica establecer una cultura organizacional basada en la responsabilidad, el monitoreo constante de accesos y el uso de tecnologías que faciliten su gestión de forma auditable y segura.
En suma, limitar los accesos no significa restringir la productividad, sino fortalecer la protección de los activos digitales en tiempos donde los errores o vulnerabilidades pueden costar caro.